De patrón a socio de la “revolución”.

Publicado en 'Actualidad Mundial' por Hijo de Putin, 13 Ago 2018.





  1. Hijo de Putin

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    Tras más de una década de Proceso de Cambio , la transnacional petrolera Repsol de España posee derechos sobre 32 bloques mineros y carga con más de una veintena de denuncias por violaciones a los derechos humanos y daños al medioambiente en Bolivia.
    La historia reciente de esta transnacional en el país americano expresa de forma gráfica y concreta, que los revolucionarios necesitan socios, a pesar que estos sean capitalistas y sus actividades depreden la naturaleza en beneficio del capital privado. Empero, ¿no es ésta una gran contradicción? La industrialización ha sido la excusa perfecta del Gobierno de Evo para –contradictoriamente- salvaguardarse de las críticas al modelo extractivista que está haciendo agonizar de dolor a la Madre Tierra y a los más de 30 pueblos indígenas del Estado Plurinacional.

    La compañía española -ubicada entre las diez petroleras más grandes del mundo- hace su puesta en escena en Bolivia en 1994, durante el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni). La polémica Ley de Capitalización que impulsó la administración de Goni continuó el proceso de imposición de las políticas neoliberales en Bolivia. Años después, el Decreto de Nacionalización de hidrocarburos -que impulsó el Gobierno de Evo- garantizó la continuidad de las transnacionales del sector, quedando manifiesto las intenciones del ejecutivo por salvaguardar los intereses de sus socios capitalistas.

    I. TRANSICIÓN POLÍTICA Y CONTEXTO SOCIAL

    Década de los noventa: etapa neoliberal y respuesta social

    Los gobiernos conservadores que precedieron a los sucesivos regímenes dictatoriales del siglo XX terminaron de hacerle la cama a las compañías transnacionales; que entrada la década de los noventa y durante el primer Gobierno de Goni (1993-1997), consumaron el control económico y político del país tejiendo redes de influencia con la política estatal. En la primera legislatura, la administración de Goni impulsó la Ley 1544 de Capitalización del 21 de marzo de 1994, que autorizaba y aprobaba los acuerdos requeridos para la conversión en sociedades de economía mixta de las grandes empresas estatales, entre las que se encontraba Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

    La Ley de Capitalización fijaba que el 50% del capital de las grandes empresas estatales pasaba a manos de las transnacionales, mientras el otro 50% debería repartirse “gratuitamente” a toda la población boliviana mayor de edad; empero, todo terminó siendo privado. La capitalización fue –formalmente- una simple venta pero, si se hacen cuentas fue en gran parte una privatización o regalo a capitalizadores. Lo que llegaría a la población serían los dividendos de la parte estatal que se convertirían en acciones de los ciudadanos. Este fenómeno privatizador produjo una inminente puesta en escena de las inversiones extranjeras, como fue el caso de Repsol [1].

    La respuesta social contra la Ley de Capitalización no tardó en llegar. Las protestas de los 90 cuestionaban también otras medidas neoliberales aplicadas por los sucesivos gobiernos, como la creación de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) –con la que cambiaba el sistema social de reparto a otro privado de capitalización individual- así como las leyes forestales y de tierras [2]. Las movilizaciones de 1995 ponían en duda el neoliberalismo y rechazaban el modelo privatizador que se había impuesto desde el Estado.

    A pesar de la constante represión estatal a los movimientos populares, el enojo de la población y las movilizaciones no cesaron. La Guerra del Agua en abril del año 2000 debilitaría el sistema y la Guerra del Gas en octubre de 2003 resultaría ser el último respiro d e una serie de gobiernos a la deriva neoliberal. Estos últimos dos eventos de insurrección popular sumaron a su enojo el intento de imponer el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en Bolivia, y terminaron por extirpar el tumor del neoliberalismo, o eso creían las bases obreras y populares del país.

    Las movilizaciones de octubre de 2003 forzaron a Goni (en su segundo mandato, 2002-2003) a renunciar a la presidencia de la República y a abandonar el país días después que la represión estatal se saldara casi setenta muertos y medio millar de heridos; la mayoría campesinos indígenas y población urbana – popular, que resistía en las barricadas y bloqueos de carreteras contra las medidas neoliberales y «vende patria» del gobierno, entre las que resaltaba la intención de exportar gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos. Los sentimientos antiimperialistas de las y los bolivianos vibraron.

    Proceso de Cambio y dizque nacionalización

    El 17 de mayo de 2005, el presidente del Congreso Nacional promulgó la Ley de Hidrocarburos 3058 ante la negativa del presidente de la República, Carlos D. Mesa (que sucedió constitucionalmente a Goni), de hacer Ley el referéndum vinculante del 18 de julio de 2004 sobre la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos. Las presiones de Repsol YPF junto a otras compañías petroleras favorecieron que el ejecutivo de Mesa adoptara una posición de rechazo a la nueva norma de hidrocarburos. Carlos Mesa argumentaba que esta «medida confiscatoria» podía provocar el retiro de los inversionistas en el sector; sin embargo, a pesar de este argumento, muchos analistas consideran que en realidad la Ley «mantiene vigente el régimen neoliberal en materia de hidrocarburos» [3]. Las presiones de la multinacional española no cesaron y una vez aprobada la nueva Ley, la empresa Petrolera Andina (privatizada por Repsol YPF) amenazó con llevar a los tribunales internacionales al gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé (que siguió a Carlos Mesa), por aplicar el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), presionando para la eliminación de ese tributo.

    En este contexto emerge el Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales, que tuvo la destreza de adherir a –prácticamente- todas las organizaciones sociales de Bolivia a su proyecto político-partidario. Esta pericia logró impulsar a los miembros del MAS dentro las instituciones del Estado, “refundando” el país y protagonizando el aclamado discurso de “proceso de cambio”. Mientras ocurría esto, las inversiones del capital extranjero amenazaban con fugarse del país y asestar un duro golpe a la economía estatal, pues Bolivia es un país con una extrema dependencia del sector primario exportador, sobre todo de petróleo y gas. En razón de ello, las llamadas “amistosas” a los grandes capitalistas no tardaron en llegar.

    Tras la victoria aplastante del MAS en las elecciones generales de 2005; el 1 de mayo de 2006 -a dos años y medio de la Guerra del Gas- el Gobierno de Evo promulgó el Decreto Supremo 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos “Héroes del Chaco”, una medida aplaudida por las bases del proceso de cambio y reprochada por los sectores más críticos, entre los que se encontraban numerosos intelectuales y activistas que –algunos incluso- habían acompañado el proyecto del MAS. La crítica contra la supuesta nacionalización viene porque –entre otras cosas- el Decreto Supremo 28701 mantiene vigente la posibilidad de que las compañías privadas realicen todas las actividades de la cadena productiva, no expropia los bienes de las compañías privadas que operan en el país, exime a YPFB de apropiarse de las acciones pertenecientes a las empresas capitalizadas, únicamente permitiendo a la estatal el «control» del 50% más 1 de las acciones privadas, previo negociado con las mismas [4]. La norma principalmente -tal como señala YPFB- establece que «el Estado toma el control y dirección de la producción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de los hidrocarburos en el país». Es decir, YPFB se convierte en una simple administradora.

    Por estas razones, el decreto de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia ha sido más bien, una estrategia política para simular el poder de la soberanía estatal frente a las transnacionales, aparentando no dejarse sucumbir ante el capital privado. No representa una verdadera nacionalización en la que los bienes de las empresas privadas pasan a propiedad colectiva o pública, correspondiendo única y exclusivamente al estado la explotación y producción de los recursos hidrocarburíferos.

    II. INTERESES DE REPSOL

    Repsol llegó para quedarse

    La transnacional petrolera española, ingresó a Bolivia en 1994 mediante un contrato compartido con YPFB para explorar el Bloque Sécure en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure y la región del Chapare. Después de esta previsible aparición, Repsol compra -en el año 1999- a YPF de Argentina (empresa que cuatro años atrás había fagocitado a Maxus Bolivia, principal productor de petróleo del país). De esta manera Repsol YPF expande sus actividades y se introduce –además- en el transporte de hidrocarburos. Poco después, las adquisiciones de Repsol fueron en aumento y las estrategias de expansión para controlar el sector hidrocarburífero en Bolivia dieron sus frutos.

    Antes del decreto de “nacionalización” (explicado arriba), Repsol operaba en el sector minorista del gas bajo el nombre de Repsol YPF Gas Bolivia y en el sector mayorista a través de Repsol YPF GLP Bolivia en la explotación y producción del yacimiento Margarita (en Tarija al sur del país) generando -en 2004- una producción de gas cercana a los 40 millones de barriles [5]. Cuando promulgaron el decreto de nacionalización, la transnacional manifestó públicamente que no era una buena noticia. Empero, unos años más tarde el mismo presidente Morales expresaba que el caso Repsol demostraba que la nacionalización en Bolivia había sido un acierto; en esa misma fecha, la compañía española seguía explotando el yacimiento Margarita y había realizado una inversión de 600 millones de dólares americanos [6]. Como vemos, poco ha cambiado.
     


  2. Hijo de Putin

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    Las áreas de Repsol en Bolivia

    Tras la Ley de Hidrocarburos 3058 y el Decreto Supremo 28701, el Grupo Repsol en Bolivia mantiene contratos que le dan el control de 27 áreas de prospección y exploración petrolera. A 31 de diciembre de 2006, con Evo Morales ya en el poder, Repsol YPF SA tenía derecho a 90,92 millones de barriles de petróleo de reservas probadas y probables en el país; menos cantidad de reservas respecto del año 2005 pero, 22 veces mayores a las que la compañía poseía en el Estado español [7]. En 2007 el total de activos de la multinacional era el equivalente a seis veces el PIB boliviano [8].

    Repsol en Bolivia se ha dedicado: desde la comercialización y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), hasta la exploración y explotación de hidrocarburos, el transporte del mismo y la comercialización de sus productos refinados. Entre sus subsidiarias, Repsol YPF Bolivia SA contaba –a 31 de diciembre de 2007- con la Empresa Petrolera Andina, Repsol YPF E&P de Bolivia SA, Repsol Butano SA, Pacific LNG Bolivia SRL y Repsol Exploración Sécure SA. Esta última obtuvo un área de trabajo de 1.300.000 hectáreas en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) ubicado en la Amazonía. Además de contratos de exploración y explotación petrolera en el área amazónica Tuichi (en los departamentos de La Paz y Beni) con 512.500 hectáreas, en el área Charagua (departamento de Santa Cruz) con una participación del 30% sobre 99.250 hectáreas, en el área Caipipendi (en los departamentos chaqueños de Tarija y Chuquisaca) con una participación del 37,50% sobre 194.900 hectáreas, entre otras, además de la participación por operaciones conjuntas; con un total de 1.378.082 hectáreas destinadas a exploración y explotación petrolera [9].

    La subsidiaria Repsol E&P Bolivia SA, a junio de 2016, había suscrito cinco contratos de operación con YPFB entre los que destacan: el contrato de operación Cambeiti con una superficie de 2.000 hectáreas en el departamento de Santa Cruz, cuyo contrato concluye el año 2039; el contrato de operación Surubí con una superficie de 15.000 hectáreas en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, cuyo contrato concluye el año 2029; el contrato de operación Mamoré I con una superficie de 25.000 hectáreas en el departamento de Cochabamba, cuyo contrato concluye el año 2029; el contrato de operación Monteagudo con una participación del 30% y con una superficie de 3.000 hectáreas en el departamento de Chuquisaca, cuyo contrato concluye el año 2038; y el contrato de operación Caipipendi (citado en el párrafo anterior) con una participación del 37,50% y con una superficie de 194.000 hectáreas en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, cuyo contrato tenía el objeto de concluir en el año 2031 [10].

    Aquí no queda todo. El gobierno de Bolivia y Repsol firmaron en octubre de 2016 la ampliación del contrato de operaciones del Bloque Caipipendi (donde se sitúa el campo Margarita-Huacaya) hasta 2046. Según explicaron los representantes de YPFB, el acuerdo establece ampliar el plazo del contrato un máximo de 15 años. El gobierno y la transnacional española prevén obtener hasta el 2046 una renta petrolera de $us 17.800 dólares americanos [11].

    Según el sitio web de la compañía, actualmente (a 31 de diciembre de 2017) poseen “derechos mineros” (es decir, derechos de explotación del subsuelo para hidrocarburos) sobre 32 bloques situados en las cuencas de Beni, Pie de Monte, Subandino Sur y Subandino Norte. De los cuales, 7 bloques están destinados a exploración y 25 bloques a actividades de producción y desarrollo. La transnacional posee estos derechos en una superficie neta de 373.100 hectáreas, mayor al tamaño de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (en el Oriente boliviano) y más del doble del tamaño de la ciudad de La Paz y sede de gobierno (en el Occidente del país). La producción neta total del año 2017 fue de 40.504 bepd (barriles equivalentes de petróleo al día), concentrados fundamentalmente en los bloques Margarita-Huacaya, San Alberto, San Antonio, Yapacani y Río Grande.

    Entre sus hitos de 2017, la empresa destaca la firma entre el presidente Evo y el empresario Brufau, para la adjudicación del bloque exploratorio Iñiguazú (departamento de Tarija) con una extensión de 64.400 hectáreas, operado por Repsol con la participación de YPFB Andina, Shell y PAE; la finalización del sondeo exploratorio PTJ-WX1 en el bloque Patujú de Bolivia (departamentos de La Paz y Beni) con resultado positivo; y la producción media diaria de 17 millones de metros cúbicos diarios (Mm3/d) de gas en el campo Margarita-Huacaya durante todo el año [12].

    III. ATANDO CABOS

    La excusa de la industrialización para justificar el extractivismo

    Según se puede apreciar a lo largo del texto, después de la falsa nacionalización de hidrocarburos, el Gobierno nunca retiró la mano a sus socios capitalistas. El 12 de septiembre de 2007, a tan solo un año y medio del comienzo del ejecutivo de Evo Morales y dieciséis meses después de la “nacionalización”, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 29272 dónde adquiría carácter de ley el llamado Plan Nacional de Desarrollo (PND); que había sido presentado meses atrás por la brigada económica del presidente Morales. El Plan Nacional de Desarrollo es en resumidas cuentas un proyecto de índole desarrollista que limita –pero no suspende- la participación del capital extranjero en los sectores estratégicos (como hidrocarburos, minería y otros recursos naturales) –eso sí- con mayor presencia estatal y mayores rentas para el Estado. El PND cataloga a las compañías transnacionales como «altamente rentables» y representa un doble guiño: por un lado a las bases progresistas del MAS y por otro a la permanencia de los inversores extranjeros. La frase de Evo Morales y de los demás miembros de su gobierno: «Bolivia necesita socios, no patrones», refleja espléndidamente la esencia del Plan Nacional de Desarrollo y -por ende- la lógica de las políticas del proceso de cambio . Los revolucionarios necesitan socios, a pesar que estos sean capitalistas y sus actividades depreden la naturaleza en beneficio del capital privado. Empero, ¿no es ésta una gran contradicción?

    El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, lo denomina contradicciones creativas del Proceso de Cambio . Para Linera, las contradicciones ideológicas que se generan en el seno de la revolución, son una característica inevitable de la misma «que tienen la potencialidad de ayudar a motorizar el curso de la propia revolución». Así define el vicepresidente boliviano las relaciones entre los revolucionarios y sus socios capitalistas, como es el caso con Antonio Brufau (presidente de Repsol), entre otros. De hecho, en febrero de 2012, ALBA TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos) celebró su séptimo aniversario fundacional con un brindis en Madrid auspiciado por Repsol, donde el mismo Brufau se hizo presente para tomar unas copas y tomarse fotos con sus “socios” (diplomáticos) de los respectivos gobiernos de la alianza bolivariana, entre los que se encontraban los embajadores en España de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia [13].

    En su libro Tensiones creativas de la revolución [14], Linera expone que la «última tensión creativa» que impulsa el proceso revolucionario en Bolivia es «la contradicción creativa entre la necesidad y voluntad de industrialización de las materias primas, y la necesidad imprescindible del Vivir Bien ». De esta manera, el vicepresidente defiende la participación de las transnacionales en el “proceso de industrialización” de las materias primas, a pesar que éstas atenten continuamente contra los Derechos de la Madre Tierra y -por ende- contra los principios del Vivir Bien . La industrialización del Estado es un proceso difícil y costoso, afirma Linera; Bolivia no tiene experiencia y se requieren inversiones muy grandes, «posiblemente las mayores de toda la historia económica del país», según el mandatario. En este sentido, Linera intenta “armarse de argumento ” para –entre otras cosas- defender la presencia de las compañías capitalistas en Bolivia. Lo mismo manifestaba el expresidente de la capitalización, Gonzalo Sánchez de Lozada, quién argumentaba que sólo el dinero «fresco» de inversionistas extranjeros, que el Estado no tenía, modernizarían los sectores estratégicos en Bolivia.

    Las contradicciones del gobierno harán que cerca de tres millones de hectáreas de las áreas protegidas en Bolivia sean afectadas por actividades hidrocarburíferas [15]. Después que el Gobierno de Evo Morales aprobara –también “contradictoriamente”- el Decreto Supremo 2366 del 20 de mayo de 2015 para «permitir el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas», la fiebre del oro negro colonizó hasta los más recónditos lugares de la geografía boliviana; a día de hoy, de las veintidós áreas protegidas en el país, once están expuestas a las actividades hidrocarburíferas. Claro está, que el fenómeno extractivista en Bolivia ha llegado de mano del discurso industrializador.

    La lógica depredadora de los recursos naturales no descansa; las actividades extractivas en el país no consisten solamente en aprovechar los recursos gasísticos-petroleros, también destacan las represas hidroeléctricas, la ampliación de la frontera agropecuaria, el tráfico de fauna silvestre, las megacarreteras, y la exploración de gas no convencional (fracking), incluida la primera central nuclear del país apadrinada por Rusia, entre otros. Y ¿dónde queda la industrialización? solo en boca de los gobernantes. Parece que la independencia económica cada vez está más lejos, la deuda externa crece de forma desorbitada y la ansiedad de los inversores extranjeros está históricamente controlada. La industrialización ha sido la excusa perfecta del gobierno para salvaguardarse de las críticas al modelo extractivista que está haciendo agonizar de dolor a la Madre Tierra y a los más de 30 pueblos indígenas del Estado Plurinacional.

    licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

    http://www.rebelion.org/noticia.php?id=243613&titular=de-patr%F3n-a-socio-de-la-%93revoluci%F3n%94-
     
  3. TheSamans

    TheSamans Miembro de oro

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    al menos deja un comentario propio...en lugar de copy/paste de siempre...ya parece spam...
     
  4. shinue

    shinue Suspendido

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    Parece o lo es????coge su panfleto.. y ahí va todo copiado y pegado
     
  5. Hijo de Putin

    Hijo de Putin Suspendido

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    Es información no propaganda, parece más interesado en el mensajero que en la noticia.

    Centrándonos en la noticia no deja de ser contradictorio que el Gobierno de Morales, casi a las calladas permita que multinacionales están entre el discurso de respeto al entorno que promulga Morales y el pueblo que lo recibe y apoya el discurso.

    Tener a la mitad de las áreas protegidas trabajando en la extracción y al mismo tiempo, hacer fracking y justamente con una empresa (Repsol) con muchísimas quejas por irregularidades, no solo en Bolivia, en Argentina tuvieron que echarlos, por la cantidad de irregularidades ocasionadas por esta empresa Española. Aquí tenemos una incongruencia de Morales haciendo el discurso de respetar a la madre tierra por un lado y explotarla con empresas inmorales por otro.

    Deseo lo mejor para Bolivia con Evo Morales, pero no se puede encender una vela a Dios y otra al Diablo.
     
    A TheSamans le gustó este mensaje.