¿Tomará Hugo Chávez de su propia medicina?

Publicado en 'Actualidad Mundial' por filemandro rojo, 28 Set 2007.





  1. filemandro rojo

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    ¿TOMARA HUGO CHÁVEZ DE SU PROPIA MEDICINA?


    El Proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Presidente de la República Hugo Chávez afecta, sin lugar a dudas, los principios Fundamentals de la Constitución Venezolana de 1.999, especialmente porque:

    1) Pretende pasar de un Estado Social de Derecho y de Justicia a un Estado Socialista y ya existe pronunciamiento de la Sala Constitucional que permite diferenciar ambos conceptos.

    2) Altera la forma en que se divide el Poder Público Nacional, tanto al crear un nuevo poder, como es el Poder Popular, como al modificar la organización del Poder Público.

    3) Afirma que el Poder Popular no nace del sufragio, alterando el principio según el cual la soberanía se ejerce indirectamente a través del sufragio o directamente mediante de alguna de las formas previstas en la Constitución de 1.999.

    4) Modifica la organización y atribuciones de los entes territoriales y el principio establecido en el Artículo 4 según el cual “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución”

    5) No parece estar garantizado en el nuevo texto el espacio para quienes deseen, tanto desde el punto de vista ideológico como productivo, tener convicciones y prácticas económicas contrarias al socialismo, alterando el principio del pluralismo, establecido en el Art.2 de la Constitución.

    Por otra parte, el mismo hecho de presentar la Reforma como un todo orgánico, no susceptible de ser aprobada artículo por artículo, implica que el mismo es un proyecto que toca a los aspectos medulares de la Constitución y que no se trata simplemente de la sustitución de normas aisladas.

    Sentado lo anterior, lo primero que resulta, de acuerdo al texto constitucional, es que el mal llamado Proyecto de Reforma debe ser considerado por una Asamblea Constituyente y que la Asamblea Nacional está usurpando funciones que no le corresponden porque la Constitución de 1.999 las establece como privativas y reservadas al Poder Constituyente, en sus artículos 342 y 347.

    Al presentar el Presidente Chávez su Proyecto de Reforma Constitucional a la Asamblea y haberla esta tramitado mediante el procedimiento establecido en los Artículos 343 y 344 puede pensarse que se incurre en un procedimiento anticonstitucional y que queda automáticamente abierto los supuesto del Artículo 350, que establece:
    Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.


    Dentro de esta tesis, si se logra aprobar la Reforma, el nuevo texto siempre quedaría viciado y en cualquier momento la primera proclama de un eventual cuartelazo podría justificarse en el Artículo 333 de la Constitución Bolivariana y en restablecimiento de la vigencia de la Constitución de 1.999.
    Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
    En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia


    Los sistemas latinoamericanos de gobierno son presidencialistas, en ellos la Jefatura del Estado y la del Gobierno se confunden en una misma persona, lo cual dificulta la solución de las crisis políticas agudas, siendo esta una de las razones de la larga historia de los golpes de estado. La Constitución Venezolana de 1.999 previó por ello dos mecanismos prácticamente inéditos como son: 1) El Referéndum Revocatorio del mandato del Presidente de la República que exige que se haya cumplido al menos la mitad del periodo constitucional y 2) La iniciativa popular, propuesta por el 15% de los electores, para solicitar la convocatoria a una Asamblea Constituyente con los más amplios poderes, incluso, el de poner fin al mandato presidencial.

    Dado que el Presidente Hugo Chávez ha puesto en la palestra el tema de la Reforma Constitucional, nada menos que para dar inicio a un Estado Socialista, comienza en amplios sectores a ventilarse la posibilidad de conformar un amplio frente social para denunciar el fraude constitucional, pedir a la OEA la activación del Artículo 20 de la Carta Democrática y pedir la convocatoria de una Nueva Asamblea Constituyente, monitoreada de cerca por la Comunidad Internacional.

    Esta alternativa cobra fuerza a medida que la Asamblea Nacional se apresura a dar inicio a la tercera y última discusión del Proyecto presentado por el Presidente a mediados de agosto y del cuestionamiento que un amplísimo sector hace a la máxima autoridad electoral por considerarla como un árbitro parcializado. Acusación que se repite luego de los resultados, que algunos consideran fraudulentos, del Referéndum Revocatorio de 2.004, cuando aquel Organismo tenía como actor principalísimo al actual Vice-Presidente de la República.



    Mientras el Presidente Venezolano ha hecho de la Asamblea Constituyente una fórmula de exportación a Bolivia y Ecuador, en casa está utilizando el mismo procedimiento que denunció en 1.998, es decir, discusión por el Congreso y Referéndum en bloque para su aprobación; no obstante, parece que sus conciudadanos se aprestan a pedirle que pruebe de su propia medicina. En todo caso, en pocas semanas, este será el tema que dominará la agenda política venezolana.


    Texto del Proyecto de Reforma: http://www.globovision.com/news.php?nid=62492
     


  2. filemandro rojo

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    PRONUNCIAMIENTO DEL EPISCOPADO VENEZOLANO

    LA Reforma es moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia

    EXHORTACION DEL EPÍSCOPADO VENEZOLANO SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA




    Ver: http://www.globovision.com/news.php?nid=68236
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  4. filemandro rojo

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    PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACADEMICOS VENEZOLANOS


    DECLARACION DE LAS ACADEMIAS NACIONALES

    La Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española; la Academia Nacional de la Historia; la Academia Nacional de Medicina; la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales; la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Academia Nacional de la Ingeniería y el Habitat, en su condición de organizaciones representativas del pensamiento crítico y objetivo de la sociedad venezolana, consideran un deber dar su opinión en torno al cambio constitucional que ha sido propuesto por el Presidente de la República, a la situación que se ha creado con tal motivo y a las consecuencias que se podrían derivar de la falta de un consenso sobre el pacto social que debe unir a los ciudadanos.

    Las Academias Nacionales ven con gran preocupación que se pretenda llevar a cabo un cambio constitucional de enorme trascendencia por la vía de la reforma, mecanismo que no es idóneo para realizar ese cambio. El camino legítimo para abordar una modificación limitada de la estructura y de los principios fundamentales de la Constitución - y no de la dimensión propuesta por el Presidente de la República - es la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. De lo contrario, se configura un fraude constitucional. Este punto de vista no es una opinión aislada, sino un parecer sustentado en razones muy respetables, un juicio de la comunidad jurídica, incluidas Facultades de Derecho y Colegios de Abogados, que se puede calificar de mayoritario. La escogencia de un camino equivocado para llevar a cabo y hacer aprobar el cambio constitucional propuesto lleva en sí mismo el germen de su ilegitimidad, alegada históricamente para justificar revoluciones y perturbaciones políticas que han afectado a la sociedad venezolana.

    La situación se ha hecho aún más delicada con el intento de la Asamblea Nacional de modificar otras disposiciones de la Constitución sin seguir ninguno de los procedimientos de iniciativa previstos en el propio texto constitucional; así como con su pretensión de contrariar el carácter progresivo de los derechos constitucionales, eliminando la cualidad inamovible del derecho a la información y al debido proceso en los estados de excepción; despojando de algunos de sus privilegios a los derechos intelectuales; suprimiendo la representació n de la sociedad civil en el Comité de Evaluaciones del Poder Ciudadano; y haciendo más difícil la solicitud de convocatoria de los referendos constitucionales; es decir, alterando negativamente el perfil participativo del texto fundamental; y contrariando su esencia irrevocablemente democrática, cosa que ni siquiera una asamblea nacional constituyente podría realizar.

    Toda Constitución, como instrumento fundamental de organización de una comunidad política, ha de ser una manifestación del consenso de los miembros de la sociedad, porque es la base de la convivencia política organizada y de la paz, regula los equilibrios y las relaciones entre los poderes públicos, define los ámbitos de la libertad personal y garantiza la protección de los derechos individuales y sociales. Únicamente mediante el consenso y la exaltación de la convivencia civilizada se puede lograr un verdadero pacto social. Fuera del consenso no hay un auténtico pacto social sino decisión unilateral e imposición de un sector sobre quienes son vistos no como conciudadanos sino como enemigos. Ello resulta absolutamente contrario a la esencia de la verdadera deliberación que es necesaria para elaborar una Constitución, porque en ésta han de quedar salvaguardados los derechos de todos, con lo que triunfan así la convivencia, la justicia y la paz.

    Característica esencial del constitucionalismo moderno es el reconocimiento del orden democrático. La democracia no se agota en elecciones y consultas plebiscitarias. Se caracteriza por varios atributos: la soberanía popular, ejercida a través de representantes y, complementariamente , en forma directa; el pluralismo político, representado en el derecho de asociación, el respeto de las minorías y la libre discusión; la división de los poderes, independientes los unos de los otros y con competencias específicas limitadas por la ley; el modelo de economía mixta, con intervención de los particulares en el ejercicio de las funciones de producción e intermediació n; la justicia social; el pluralismo cultural, vertido especialmente hacia la educación, hacia los medios de comunicación y hacia cualquier otra forma de concretar la libertad de pensamiento; el reconocimiento de la propiedad privada, de la posesión de bienes, de la libertad de trabajo y de la igualdad de oportunidades; y la confirmación de la existencia de los derechos humanos, valor superior del ordenamiento jurídico. Estas características del ordenamiento democrático constituyen límites infranqueables, pues son inherentes a la persona humana, que ningún poder, ni siquiera constituyente originario, podría legítimamente traspasar. Por ello han sido incorporados como tales al Derecho Internacional Público que obliga a Venezuela.

    La propuesta del Presidente de la República ha acentuado la división que sufre la sociedad venezolana. En este caso, sin embargo, no está en discusión el liderazgo del Presidente, como ha ocurrido en los procesos electorales recientes, sino el concepto mismo del país, en un debate cuyo

    desenlace puede destruir numerosas conquistas democráticas y comprometer gravemente hacia el porvenir la libertad y la seguridad de todos los venezolanos, incluidos, por supuesto, aquellos compatriotas que han ofrecido su respaldo y su voto al Presidente de la República. Todos los sectores, al margen de sus preferencias políticas circunstanciales, deben considerar la gran inquietud que hay en la sociedad por la orientación de los planes educativos, por los ataques a la propiedad privada y por el destino de ésta, por la inseguridad, por la intolerancia y por la consolidación de una insana concentración de todo el poder político y social en cabeza del Poder Ejecutivo.

    Las Academias Nacionales estiman que una Constitución no se puede construir ni reformar en medio de una controversia radical; que no se puede obligar a los ciudadanos a someter a la discreción de una eventual mayoría su libertad, su pensamiento, su propiedad o el derecho de educar a sus hijos; que no se debe someter a votación algo que no ha sido suficientemente debatido. Contrariar estos postulados esenciales de la vida civilizada y democrática es crear las condiciones de un conflicto político y social cuyas dimensiones son imprevisibles.

    Por las razones anteriores, las Academias Nacionales exhortan a los Poderes Públicos a suspender el curso de una propuesta de cambio constitucional que ha generado un clima de extremada crispación y a llamar a los partidos políticos, a las organizaciones sociales representativas de los empresarios y de los trabajadores, a las universidades, a las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y a otros sectores sociales para proponerles un acuerdo mínimo sobre los temas en discusión.

    Crear condiciones propicias para una discusión civilizada y democrática de los asuntos constitucionales es un presupuesto indispensable de cualquier proceso de aprobación parlamentaria y de decisión referendaria que sea su consecuencia. En cualquier evento electoral, es necesario que existan los requisitos mínimos para que se obtenga un resultado no sujeto a suspicacias y dignamente aceptable para las minorías disidentes. Cuando los ciudadanos son llamados a pronunciarse en torno al cambio del pacto social, el proceso de consulta ha de estar todavía más alejado de sospechas de manipulación, de ventaja, de abuso o de apresuramiento.

    Rtdo 181007 /
     
  5. filemandro rojo

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    VOTO SALVADO DEL
    VICE-PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA VENEZOLANO.
    MAGISTRADO J.E. CABRERA ROMERO

    Quien suscribe, Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, disiente de sus colegas y salva su voto, por las razones siguientes:

    1.- En sentencia de 24 de enero de 2002, con ponencia de quien suscribe esta Sala expreso: "Las directrices del Estado Social de Derecho, inciden sobre las libertades económicas y sobre el derecho de propiedad…".

    Igualmente el fallo citado acotó: "No es que el Estado Social de Derecho propende a un Estado Socialista, o no respete la libertad de empresa o el derecho de propiedad…"; sin embargo puede "restringir la propiedad con fines de utilidad pública o interés general, o limitar legalmente la libertad económica por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otros de interés social (artículo 112 Constitucional)".

    Apuntó igualmente el fallo citado que el Estado Social persigue mantener un equilibrio entre clases, o entre el Estado y los ciudadanos. Ahora bien, los artículos 70, 113, 158, 168, 184, 300, 318 y 321 del Anteproyecto para la primera reforma constitucional propuesta por el Presidente de la República, plantea la construcción del socialismo, de la democracia socialista.

    En criterio de quien disiente, un sistema de organización social o económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, como lo es básicamente el socialista, en sus distintas concepciones, cual es el propuesto en el Proyecto de Reforma, chocaría con lo que quien suscribe, y la propia Sala, era considerado Estado Social, y ello -en criterio del disidente- puede afectar toda la estructura y los principios fundamentales del Texto Constitucional, hasta el punto que un nuevo ordenamiento jurídico tendría que ser creado para desarrollar la construcción del socialismo.

    No es que Venezuela no puede convertirse en un Estado Socialista. Si ello lo decide el pueblo, es posible; pero a juicio del voto salvante, tal logro sería distinto al que la Sala ha sostenido en el fallo de 24 de enero de 2002 (Caso: Créditos Indexados) y ello conduciría no a una reforma de la Constitución sino a una nueva Constitución, la cual debería ser votada por el Poder Constituyente Originario. Al menos, en nuestro criterio esto es la consecuencia del fallo N° 85 de 24 de enero de 2002.

    2.- El artículo 113 del Proyecto, plantea un concepto de propiedad, que se adapta a la propiedad socialista, y que es válido, incluso dentro del Estado Social; pero al limitar la propiedad privada solo sobre bienes de uso, es decir aquellos que una persona utiliza (sin especificarse en cual forma); o de consumo, que no es otra cosa que los fungibles, surge un cambio en la estructura de este derecho que dada su importancia, conduce a una transformación de la estructura del Estado. Los alcances del Derecho de propiedad dentro del Estado Social, ya fueron reconocidos en fallo de esta Sala de 20 de noviembre de 2002, con ponencia del Magistrado Antonio García García

    3.- Planteado así la cuestión, sobre la cual quien suscribe había emitido opinión en el fallo citado, no es posible considerar que quien pide un amparo ante una propuesta de reforma porque según el solicitante ella modifica la estructura y los principios fundamentales de la Constitución; situación que atañe a cualquier ciudadano de la República, y por tanto afecta directamente a cualquier venezolano que subjetivamente considere que la vía para los cambios no era una reforma, la Sala le niegue el acceso aduciendo que carece de legitimación activa.

    El amparo procede contra la amenaza de desmejora de una situación jurídica debido a infracciones constitucionales, y ante una posible reforma constitucional, cualquiera que considere que ella le causaría un daño irreparable, debido a la trascendencia de lo planteado y, que alegue que los mecanismos constitucionales no se están aplicando en la forma señalada en la Carta Magna, tiene -en nuestro criterio- legitimación activa para incoar este amparo, ni siquiera planteándose la acción de derechos colectivos o difusos, sino porque considere que personalmente -debido a lo trascendente de la proposición- lo afecta, por los motivos que expuso en su escrito.

    Son estos los motivos de la disensión con la Sala.

    Queda así expresado el criterio del disidente.

    Fuente: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Novi...107-07-1374.htm
     
  6. filemandro rojo

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    VICENTE DIAZ,
    RECTOR DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
    RECHAZA CONVOCATORIA A REFERENDO.



    Vicente Díaz, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), rechazó la decisión que tomó ese organismo, con su voto salvado, de convocar un referendo para consultar a los venezolanos sobre la propuesta de reforma constitucional sancionada hoy por la Asamblea Nacional.

    Díaz considera que, como la propuesta de reforma altera principios fundamentales de la Constitución, era necesario que el Poder Electoral, antes de convocar el referendo, solicitara una interpretación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el tema.

    Así lo propuso al resto de los rectores durante el directorio celebrado hoy, luego de que los diputados de la Asamblea Nacional entregaron el proyecto de reforma. Como su propuesta no fue tomada en cuenta por sus colegas, prefirió salvar su voto.

    Tal como lo dijo un día después de que el presidente Hugo Chávez presentara la reforma, Díaz reiteró que aunque la propuesta no modifica los artículos 1 al 9, que son los que definen los principios fundamentales, si tiene aspectos que contradicen estos postulados.

    "Esos principios fundamentales atraviesan transversalmente toda la Constitución. Son el espíritu, la esencia y el alma misma del país. Allí se establece claramente que Venezuela es un país, entre otras cosas, pluralista y de mandatos alternativos", dijo.

    El rector citó el ejemplo del artículo 70, que establece que los mecanismos de participación son para promover el socialismo. "¿Entonces cómo queda el pluralismo político, entendido como la posiblidad de que los ciudadanos se organicen de acuerdo a sus ideas?", preguntó.Alejandro Hinds R.

    Fuente: http://www.eluniversal.com/2007/11/02/refco_ava_rector-vicente-diaz_02A1170317.shtml
     
  7. filemandro rojo

    filemandro rojo Miembro maestro

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    CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UCAB SE PRONUNCIA SOBRE PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

    El Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello, en esta hora crucial para el país, siente la obligación de pronunciarse sobre el Proyecto de Reforma Constitucional propuesto por el Presidente de la República. Como autoridad colegiada de una universidad católica queremos contribuir a fomentar la discusión clara, serena y de respeto mutuo sobre una decisión que marcará poderosamente nuestro futuro, asumiendo la responsabilidad que nos impone la Ley de Universidades en su artículo 2 al decir que las universidades están al servicio de la Nación "y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales". Nos solidarizamos con las diversas actividades que se han venido celebrando en nuestra casa de estudios y en otras universidades, mediante iniciativas abiertas a todo el país, que en clima de respeto y diálogo han realizado para estudiar, reflexionar y discutir la propuesta presidencial, a la cual la Asamblea Nacional ha añadido varios artículos. Entre los puntos que causan gran preocupación a la comunidad universitaria y al país hay que destacar:

    1.- La Constitución debe expresar un pacto y un acuerdo entre los diferentes sectores que integran la República, para buscar el bien del conjunto sin atropellar el de cada uno. Si se pretende imponer una ideología partidista -en
    este caso el socialismo estatista- se estaría eliminando el pluralismo democrático y se condenaría a los ciudadanos a la opresión.

    2.- La propuesta de Reforma Constitucional es además regresiva en materia de derechos humanos, los cuales son irrenunciables.

    3.- Consideramos un retroceso peligroso e inaceptable la concentración de poderes en el Presidente de la República, con posibilidad de reelección continua, y lamentamos el grave cercenamiento a la descentralización.

    4.- Los profundos cambios propuestos por el Presidente y los añadidos por la Asamblea Nacional implican una transformación sustancial de la Constitución, que no pueden ser introducidos por una simple Reforma onstitucional. 5.- Una democracia no puede construirse en un clima de intolerancia y de violencia, y los grandes retos socio-económicos de Venezuela requieren la colaboración de todos. Por eso rechazamos los brotes de vandalismo de algunas minorías frente a toda idea y expresión que difiera de la propuestapresidencial. En este sentido, repudiamos las constantes agresiones que han impedido a diversos miembros de la comunidad universitaria y a otros ciudadanos expresar libremente sus ideas o cumplir sus tareas informativas, tal como ocurrió recientemente con Yon Goicoechea, representante estudiantil ante este Consejo Universitario, Pompeyo Márquez y la periodista de Ávila TV, Paulina Moreno.

    6.- Las Universidades han de ser libres y autónomas para crear, no dogmáticas para imponer. Los cambios propuestos por la Reforma Constitucional atentan contra estas aspiraciones.

    7.- Acogemos la lúcida y oportuna Exhortación del Episcopado Venezolano e invitamos a todos a conocer y difundir sus observaciones a la propuesta de Reforma Constitucional. 8.- Finalmente estimamos que este cambio constitucional, tal como se despende de su texto y de su Exposición de Motivos, se propone llevar al país a un modelo de sociedad rechazado por buena parte de los venezolanos, y que ha fracasado en otros paises.
    Por ello exhortamos a la comunidad universitaria, y al país entero, a estudiar dicha propuesta y a manifestarse con urgencia frente a ella, en un espíritu de tolerancia y reconciliación, buscando un camino que garantice el futuro de los venezolanos en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

    Consejo Universitario
    30 de Octubre de 2007-10-30

    Fuente: http://www.globovision.com/news.php?nid=69352
     
  8. brenda87

    brenda87 Miembro de oro

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    El año pasado, creo , leí un artículo denunciando al gobierno de Hugo Chavez por querer expropiar inmuebles de forma abusiva a favor de sus arrendatarios en caso los propietarios no acepten la nueva ley del inquilinato .

    Hasta creo recordar que el gobierno apoyaba la invasión de propiedades desocupadas por personas que carecen de una casa.

    ¿a donde va todo la riqueza proveniente del petroleo?

    Un país tan rico en petroleo no puede fomentar la industria de la construcción tal como ocurre en el Perú??

     
  9. filemandro rojo

    filemandro rojo Miembro maestro

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    Estudio sobre
    LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2007
    (Inconstitucional y fraudulentamente sancionada el 2-11-07)

    Allan R. Brewer-Carías
    Profesor de la Universidad Central de Venezuela


    SUMARIO (Se indican en tipo mayor, los artículos cuya reforma fue propuesta por el Presidente de la República)

    INTRODUCCIÓN: UNA “REFORMA CONSTITUCIONAL” QUE SOLO PODÍA REALIZARSE MEDIANTE LA CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

    PRIMERA PARTE: LOS CAMBIOS EN LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD DERIVADOS DE LA CREACIÓN DE UN ESTADO SOCIALISTA CENTRALIZADO

    I. LA “DOCTRINA BOLIVARIANA” COMO DOCTRINA DEL ESTADO SOCIALISTA
    Artículos 100, 103, 156, 236, 328

    II. LA SUSTITUCIÓN DEL ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA POR EL ESTADO SOCIALISTA
    Artículos 16, 70, 112, 113, 158, 168, 299, 300, 318, 321

    III. LA ELIMINACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN COMO POLÍTICA DEL ESTADO
    Artículos 16, 157, 158, 272, 295, 300

    IV. LA FRAGMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
    Artículo 141

    V. EL ABANDONO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y DE LA UNIDAD DEL TESORO
    Artículo 16, 164, 167, 141, 184, 318, 321*


    SEGUNDA PARTE: LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA POLÍTICO CON LA CREACIÓN DEL PODER POPULAR Y LA SUSTITUCIÓN DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A NIVEL LOCAL POR UNA SUPUESTA “DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA”CONTROLADA POR EL PODER CENTRAL

    I. LA ELIMINACIÓN DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA A NIVEL LOCAL Y SUSUSTITUCIÓN POR UNA SUPUESTA “PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA”
    Artículo 16, 70, 136, 184

    II. LA AMPLIACIÓN DEL DERECHO A VOTAR
    Artículo 64

    III. LA ELIMINACIÓN DEL PRINCIPIO DE ALTERNABILIDAD REPUBLICANA CON POSIBILIDAD DE REELECCIÓN INDEFINIDA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBICA
    Artículo 230

    IV. LAS CONTRADICTORIAS RESTRICCIONES AL DERECHO A LA PAR TICIPACIÓNPOLÍITICA DE LOS CIUDADANOS

    1. La eliminación de los supuestos constitucionales de participación de re- presentantes de diversos sectores de la sociedad civil en la postulación de los candidatos a altos cargos estatales
    Artículos 264, 279, 295

    2. La limitación al derecho a la participación política mediante referendos y la restricción a la democracia directa
    Artículos 71, 72, 73, 74

    3. La limitación al derecho a la participación política en materia de revisión de la Constitución
    Artículos 341, 342, 348

    V. LA RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA IDEOLOGÍA SOCIALISTA
    Artículo 70

    VI.LAS REFORMASAL RÉGIMEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (ASOCIACIONESCON FINES POLÍTICOS)
    Artículo 67

    TERCERA PARTE: LOS CAMBIOS EN LA FORMA DEL ESTADO: DE LA FEDERACIÓN CENTRALIZADA A LA CENTRALIZACIÓN TOTAL DEL ESTADO

    I. EL DESMORONAMIENTO DE LA FORMA FEDERAL DEL ESTADO

    1. El vaciamiento del contenido territorial de la federación
    Artículos 16, 136, 168

    2. La nueva división territorial de la República sujeta al Poder Ejecutivo y con autoridades no electas
    Artículos 16, 136

    3. La recreación del Distrito Federal y la nueva concepción de la Ciudad Capital sin autonomía política ni gobierno democrático local
    Artículo 18

    4. El sistema nacional de ciudades y el derecho a la ciudad
    Artículo 18

    II. EL ABANDONO DEL PRINCIPIO DE LA DISTRIBUCIÓN VERTICAL DEL PODER PÚBLICO EN NACIONAL, ESTADAL Y MUNICIPAL CON LA INCORPORACIÓN DEL PODER POPULAR
    Artículo 136

    III. LA “NACIONALIZACIÓN” DE COMPETENCIAS QUE LA CONSTITUCIÓN DE 1999 ATRIBUYE A LOS ESTADOS
    Artículos 156, 164, 167

    IV. LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE DESPRENDERSE (DESCENTRALIZAR) SUS COMPETENCIAS Y TRANSFERIR LAS EN LOS ÓRGANOS DEL PODER POPULAR
    Artículo 184

    V. LA LIMITACIÓN A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y LA ELIMINACIÓN DE LAS PARROQUIAS COMO ENTIDADES LOCALES
    Artículos 16, 168, 173

    VI. LA SUSTITUCIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO POR UN CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNO
    Artículo 185

    CUARTA PARTE: LOS CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL PODER NACIONAL

    I. REFORMAS EN LA ACTUACIÓN INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA
    Artículos 152, 153

    II. REFORMAS AL PODER EJECUTIVO Y LA ACENTUACIÓN DEL PRESIDENCIALISMO

    1. La extensión del período presidencial
    Artículos 230

    2. Los nuevos órganos ejecutivos: los Vicepresidentes
    Artículo 225

    3. La ampliación de las atribuciones del Presidente de la República
    Artículos 11, 16, 18, 141, 236, 318, 321, 338, 339

    4. La transformación del Consejo de Estado
    Artículos 251, 252

    II. LAS REFORMAS EN EL ÁMBITO DEL PODER LEGISLATIVO Y LA PERMEABILIDAD POLÍTICA ENTRE EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO
    Artículo 191

    IV. LAS REFORMAS EN RELACIÓN CON EL PODER JUDICIAL

    1. Las reformas respecto de la designación y remoción de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
    Artículos 264, 265

    2. Las reformas respecto de las competencias del Tribunal Supremo de Justicia
    Artículo 266

    V. LAS REFORMAS EN RELACIÓN CON EL PODER CIUDADANO

    1. Las reformas en la designación y remoción de los titulares del Poder Ciudadano
    Artículo 279

    2. Las reformas respecto de las funciones de la Contraloría General de la República
    Artículos 163, 176, 289

    VI. LAS REFORMAS EN RELACIÓN CON EL PODER ELECTORAL

    1. Las reformas respecto de la designación y remoción de los titulares del Poder Electoral
    Artículos 295, 296

    2. Las reformas respecto de las funciones del Poder Electoral
    Artículo 293

    QUINTA PARTE: LOS CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA: DE UN ESTADO SOCIAL Y PROMOTOR DE ECONOMÍA MIXTA, A UN ESTADO SOCIALISTA, DE ECONOMÍA ESTATAL CENTRALIZADA

    I. LA ELIMINACIÓN DE LA LIBERTAD ECONÓMICA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL AL LIBRE EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
    Artículos 112, 113, 299

    II. LA ELIMINACIÓN DE LA GARANTÍA DEL DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA
    Artículos 115, 307

    III. LA ELIMINACIÓN DEL LATIFUNDIO
    Artículo 307

    IV. CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA
    Artículos 113, 300, 301, 302, 303, 305

    V. CAMBIOS EN EL RÉGIMEN FISCAL Y ECONÓMICO DEL ESTADO


    1. La eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela
    Artículos 318, 320

    2. La administración y control de las reservas internacionales por el Ejecutivo Nacional
    Artículo 321

    SEXTA PARTE; LAS REFORMAS EN EL RÉGIMEN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

    I. LA AMPLIACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD
    Artículo 21

    II. LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN Y RESTRICCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

    1. La ampliación de los supuestos de estados de excepción
    Artículo 338

    2. La eliminación de los lapsos de duración de los estados de excepción
    Artículos 338

    3 La posibilidad de suspender y no sólo de restringir las garantías constitucionales
    Artículo 337

    4. Los cambios en materia de las garantías constitucionales de los derechos humanos que no pueden afectarse en los estados de excepción
    Artículo 337

    5. La eliminación de los mecanismos de control de los estados de excepción
    Artículos 338, 339

    III. LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LOS DERECHOS SOCIALES

    1. Los cambios en materia de protección de la vivienda principal
    Artículo 82

    2. Los cambios en materia de derechos laborales
    Artículos 87, 90

    3. Los cambios en relación con los derechos culturales
    Artículos 98, 100

    4. Los cambios en relación con el derecho a la educación y con la restricción de la autonomía universitaria
    Artículos 103, 109

    SÉPTIMA PARTE: LOS CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE LA FUERZA ARMADA: DE UN ESTADO CIVIL A UN ESTADO MILITARISTA
    Artículos 328, 329


    DOCUMENTO COMPLETO DE BREWER-CARIAS EN:

    http://www.allanbrewercarias.com/


    Texto de Reforma Constitucional definitivo, entregado al CNE por los diputados de la Asamblea Nacional

    http://www.globovision.com/news.php?nid=69812
     
  10. filemandro rojo

    filemandro rojo Miembro maestro

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    NUEVO VOTO SALVADO EN LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ. (13/11/2007)

    VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO DE LA SALA CONSTITUCIONAL PEDRO RAFAEL RONDON HAAZ.

    Exp. Nº 07-1483
    ADR/

    .....................................................

    En el asunto de autos, se observa que la Asamblea Nacional, antes del inicio del procedimiento de discusión del proyecto que ante ella planteó el Presidente de la República en sesión especial del 15 de agosto de 2007, no invocó el incumplimiento por parte de éste, de los requisitos objetivos que exige el artículo 342 de la Constitución, y en tanto tales requisitos no se cumplían a cabalidad, tal situación derivó en una inactividad legislativa, pues se omitió el ejercicio de una potestad o deber de actuación que preceptúa la Constitución.

    Así, quien difiere considera que la Asamblea Nacional debió rechazar el trámite de esa propuesta de reforma constitucional porque, ciertamente, la misma no cumplía con los requisitos objetivos del artículo 342 de la Constitución, en tanto se trató de un proyecto de reforma constitucional que pretende la modificación de la estructura y principios fundamentales del Texto Constitucional.

    En efecto, el proyecto de reforma constitucional que se propuso a la Asamblea Nacional en agosto de 2007 y que, para el momento de esta decisión ya fue objeto de aprobación por parte de ese órgano legislativo, si fuera aprobado referendariamente, cambiaría sustancialmente aspectos esenciales del marco constitucional vigente. Así, y sin que se deje de admitir que existen otros muchos aspectos de fondo que son modificados por el proyecto, pueden enfocarse dos grandes cambios en la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional de 1999:

    De una parte, el proyecto de reforma introduce cambios en la organización político-territorial, a través de la creación del Poder Popular, que pretende afianzar los principios de democracia participativa de la Constitución de 1999, pero que alteraría radicalmente el esquema del Estado federal descentralizado del texto vigente, lo que derivaría en un afianzamiento del Poder nacional en franco desmedro del estadal y municipal, desde que aquél coordina el funcionamiento del nuevo Poder Popular que se superpone a estos últimos. Asimismo, la creación del Poder Popular mutaría en forma sustancial las bases democráticas de la Constitución vigente (artículo 2) cuando se propone que el Poder Popular “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población” (artículo 136 del proyecto).

    Mención especial debe hacerse al carácter regresivo que se da, en general, en el proyecto, al tema de los derechos humanos (p.e.. derechos al sufragio, al debido proceso, a la información, a la participación política, a la elección de quienes ejercen los cargos públicos) en franca contradicción con el principio de progresividad de los mismos que tiene su origen en el hecho de que éstos preceden y legitiman al Estado, que no puede desconocerlos ni desmejorarlos.

    Asimismo, de otra parte, el Proyecto persigue un cambio radical del sistema de economía social de mercado que recoge la vigente Constitución de 1999, y establece un modelo de economía socialista a través de la promoción, por parte del Estado, de un “modelo económico productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor suma de estabilidad política y social y la mayor suma de felicidad posible” (artículo 112 del proyecto). En este sentido, el proyecto no reconoce expresamente, como sí lo hace la Constitución de 1999, el derecho fundamental a la libertad económica, da preponderancia a la iniciativa pública sobre la iniciativa privada, a la iniciativa comunitaria sobre la individual, y condiciona cualquier iniciativa pública, mixta, comunal o privada, al desarrollo de ese nuevo modelo económico socialista.

    En definitiva, se trata de la sustitución del Estado social y democrático de derecho y de justicia que recogió el vigente artículo 2 constitucional (Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político), por el de un Estado socialista que es, a grandes rasgos, un sistema de organización social o económico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción, lo que evidencia una transformación radical del Estado y la creación de un nuevo ordenamiento jurídico que escapa, a todas luces, de los parámetros que, para la reforma constitucional, impone el artículo 342 de la Constitución y cuya concreción exige, de conformidad con el artículo 347 eiusdem, una Asamblea Nacional Constituyente.

    En consecuencia, cuando recibió una iniciativa de reforma constitucional cuyo contenido, como se ha expuesto anteriormente sólo con algunos ejemplos de su texto, excedía con mucho de los parámetros objetivos que el artículo 342 de la Constitución de 1999 exige para la procedencia de una reforma, la Asamblea Nacional estaba en la obligación de rechazar –o en todo caso suspender- el trámite de discusión de esa iniciativa a través del procedimiento del artículo 343 de la Constitución y, en todo caso, expresar tal situación al proponente para que modificara su propuesta o bien, si así lo consideraba pertinente, ejerciera su iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con el artículo 348 eiusdem.

    Como no hubo actuado de esa manera la Asamblea Nacional incurrió en una sancionable omisión legislativa, pues omitió el debido ejercicio de la potestad de aprobación e iniciación del trámite de todo proyecto de reforma constitucional, en los términos del artículo 343 constitucional.

    En consecuencia, quien discrepa considera que la Sala debió admitir y, en la definitiva, estimar –al menos parcialmente- la demanda de autos.

    Queda así expresado el criterio del magistrado que rinde este voto salvado.



    SENTENCIA Y VOTO SALVADO EN
    http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Novi...107-07-1483.htm