Polémica por ley sobre escuchas ilegales que afecta al periodismo en Perú

Publicado en 'Actualidad Nacional' por Atacames, 15 Jul 2011.





  1. Atacames

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    El presidente de la Corte Suprema de Perú, César San Martín, cuyo prestigio se disparó por haber condenado al expresidente Alberto Fujimori, está bajo fuego cruzado de la prensa por proponer una ley que enviaría a la cárcel a periodistas que difundan interceptaciones teléfónicas.

    El Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que agrupa a los dueños de los medios escritos, y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), un colectivo de periodistas defensor de la libertad de expresión, instaron a la Corte Suprema a modificar su propuesta por considerar que constituye una potencial mordaza.

    La controversia estalló luego que la Corte Suprema entregó al Congreso un proyecto de ley que endurece las penas por interceptación ilícita de conversaciones privadas, salvo en el caso que sean difundidas por ser de interés público.

    La iniciativa propone añadir como delito la difusión de conversaciones o mensajes de correo electrónico obtenidos a través de la interceptación telefónica modificando un artículo del código penal.

    "Al concebir implícitamente como delito un acto informativo realizado por causa pública, se contradicen bases jurídicas que garantizan el periodismo en el Perú", dice el IPYS en carta enviada al titular de la Corte Suprema.

    El proyecto de ley se entregó en momentos que se desarrolla el juicio por el caso 'Petroaudios', donde se procesa por espionaje teléfonico, entre otros delitos, a ex funcionarios públicos del gobierno de Alan García.

    La difusión por la televisión de audios privados de políticos, donde supuestamente tratan de temas públicos, también está bajo la mira de los jueces que buscan poner límites a una práctica que juega en ocasiones con el honor.

    "Se debe confiar en el editor más que en un juez", dijo Kela León, directora del CPP, al enfatizar que la autorregulación de la prensa sobre la difusión de escuchas o documentos ilegales es más eficaz que el criterio discrecional de un juez.

    El ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Alejandro Miró Quesada consideró que el proyecto es un "riesgo" para la libertad de prensa, y se sumó a las voces que piden sea revisdado, citado por el diario Perú21.

    La Defensoría del Pueblo manifestó también su preocupación por el proyecto, que castiga con penas de cárcel que fluctúan entre los 6 y 10 años a quienes difundan interceptaciones telefónicas o correos electrónicos.

    El magistrado San Martín admitió que se trata de "una materia sensible y opinable, pues pone nuevamente sobre el tapete el eventual conflicto entre derechos fundamentales como la intimidad, el secreto de las comunicaciones y las libertades de expresión e información", según comunicado de su oficina de prensa.

    El presidente de la Corte Suprema rechazó las críticas y consideró a la propuesta "técnicamente correcta", enfatizando que corresponderá al Congreso hacer los cambios al proyecto.

    El ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma dijo por su parte que la propuesta constituía una forma de intimidación hacia la prensa.

    "Se debe eliminar cualquier forma de intimidación para poder informar a la opinión pública y ese (someter a juicio a un periodista) no es el camino. (Si) hay que evitar excesos, busquemos otro camino", afirmó citado por la agencia estatal Andina.