Megaproyectos y privatización

Publicado en 'Actualidad Nacional' por indescente, 19 Set 2010.





  1. indescente

    indescente Suspendido

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    este periodico si saca la verdad a cerca de los diferentes hechos que suceden en nuestra patria, no como otros periodicos que solo buscan ocultar los hecho y confundir a la poblacion


    fuente:la primera :: Megaproyectos como el de Olmos y Majes–Sihuas II, entre otros, son las principales vías para privatizar el agua en el Perú. Bajo la apariencia de inversión, modernidad y desarrollo, grandes negocios privados generan desequilibrios hídricos y sociales en los andes del Perú.

    Con el pretexto de estimular la inversión privada (con mayor fuerza especialmente cuando la crisis económica global empezaba a sentirse en su real magnitud), el gobierno peruano generó un marco legal para promover las famosas Asociaciones Público Privadas (APP), en las que lo público se reduce a entregar recursos y propiedades estatales y lo privado se queda con el control de todo el negocio.

    Cuatro normas con rango de ley, aprobadas durante los años 2008 y 2009, son particularmente importantes para entender este proceso: los decretos legislativos 1012 y 1031, la Ley 29338 y el Decreto de Urgencia 121.

    El Decreto Legislativo 1012, de mayo del 2008, crea la modalidad de las APP, que en el caso de recursos hídricos facilita que consorcios privados reciban, junto a la concesión de grandes proyectos de irrigación, fondos públicos y avales financieros estatales y encima vendan el agua a productores y pobladores que la requieran.

    Este decreto autoriza al Estado a transferir recursos hasta por un 7% del Producto Bruto Interno (PBI) a las empresas privadas con las que se “asocia”. Estamos hablando de más de 8 mil millones de dólares como aporte del estado peruano en asociaciones en las que no tiene casi ningún control.

    El Decreto Legislativo 1031, de junio del 2008, en la misma onda privatista, busca liquidar las actuales empresas públicas, prohibiendo expresamente que sean titulares de bienes de dominio público y dispone que el 20% de su capital social sea inscrito en la bolsa de valores.

    Esta norma consagra la imposibilidad de tener empresas estatales estratégicas. En buena cuenta es eliminar cualquier posibilidad de que las APP tengan competencia pública, lo que nos pone en desventaja frente a otros países que sí tiene empresas estatales estratégicas que incluso operan en nuestro país, como por ejemplo Chinalco (China), Petrobras y Electrobras (Brasil), Pemex (México), Ecopetrol (Colombia) y otras.

    Privatismo
    De otro lado, la Ley 29338, de marzo del 2009, consagra un régimen de derechos para el uso del agua mediante licencias, autorizaciones permisos o contratos de acceso, y promueve la participación del sector privado en la construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica así como en la prestación de servicios de operación y mantenimiento de la misma, autorizando a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a aplicar la ley que regula el agua en los proyectos especiales entregados en concesión.

    Esto tiene implicancias en el acceso al agua: tarifas (rentabilidad del negocio privado) y prioridades (grandes agroexportadores).

    El Decreto de Urgencia 121, de diciembre del año pasado, impulsa la liquidación de las empresas públicas en beneficio de las Asociaciones Público Privadas (APP), estipulando en su artículo cuarto, inciso dos, que “los terrenos de propiedad directa o indirecta del Estado, incluyendo las empresas del Estado, requeridos para la concesión, serán transferidos automáticamente por la unidad titular de los mismos al concedente en la oportunidad en que éste lo señale y a título gratuito, por el solo merito del Decreto Supremo que así lo establezca”

    Este paraguas normativo, que profundiza los alcances del artículo 60 de la Constitución neoliberal de 1993: “(…) Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional (…)”, ha incentivado la ejecución de megaproyectos de trasvase de aguas que son un gran negocio para grandes empresas extranjeras a costa de privatizar el recurso hídrico, generando conflictos sociales y desequilibrios en la parte alta de la montaña andina. Veamos dos casos.

    El faenón de Olmos
    El megaproyecto Olmos se ha convertido en un apetecible bocado para la empresa brasileña Odebretch, que ejecuta dos (LA PRIMERA y la tercera) de sus tres etapas. LA PRIMERA etapa consta de un trasvase de aguas de la sierra a la costa por medio de un túnel trasandino de 19.3Km, y una represa (Limón). En esta etapa el estado peruano aportó inicialmente un 65%, lo que fue observado en el 2004 por la Corporación Andina de Fomento (financiador de la obra), que cuestionó que el aporte estatal era mayor al privado, por lo que, de la nada, el costo de esta primera etapa se elevó de un plumazo en más 80 millones de dólares sin considerar la compra siquiera de una bolsa adicional de cemento.

    Si bien esta primera irregularidad se produjo durante el gobierno anterior, Odebretch, empresa consentida del presidente Alan García, se adjudicó la buena pro de la tercera etapa del megaproyecto (Irrigación de las tierras de Olmos) mediante el consorcio de su propiedad H2Olmos (bajo la modalidad de iniciativa privada) la misma que fue dada rápidamente bajo el chantaje de que las obras de trasvase de agua estaban a punto de culminar y se iba a desperdiciar el agua.

    Muchos se opusieron, incluso la ex ministra de Economía, Mercedes Aráoz, a esta adjudicación por lo elevado de los costos de construcción de la infraestructura de riego. Posteriormente, y sin que nadie sepa las condiciones de la nueva oferta, se terminó firmando con Odebretch.

    Esta tercera fase (irrigación) beneficiará a grandes grupos económicos como Oviedo y Romero, entre otros “peces gordos” de la agroindustria que pueden adquirir tierras en las 38 mil hectáreas, valuadas cada una en 4,250 dólares, de LA PRIMERA etapa de este proyecto, lo que deja sin oportunidad a los pequeños productores.

    Majes - Sihuas II
    El Proyecto Especial Majes fue creado por Decreto Ley 18970 (1971) como un proyecto hidráulico de trasvase de las aguas de los ríos Apurímac y Colca (por medio de túneles y canales) hacia la Pampa de Majes-Siguas, con la finalidad de contar con agua para la agricultura, generar energía eléctrica y darle también otros usos urbanos. Este proyecto estuvo diseñado para ser ejecutado en dos etapas.

    En LA PRIMERA etapa, ya concluida, se construyó la represa de Condoroma, además de túneles y canales para irrigar las pampas de Majes que, según la información oficial, sólo llegó a cubrir cerca de 22 mil hectáreas, lo que demandó una inversión de 748 millones de dólares.

    Y aun cuando esta primera etapa fue cuestionada por la gran cantidad de recursos que tuvo que invertir el Estado (vía deuda externa), lo que determinó a su vez un alto costo por hectárea (33 mil dólares), era un proyecto que estaba orientado inicialmente a fortalecer la agricultura arequipeña que abastece la demanda regional y nacional. Esto cambió.

    Ahora se trata de trasvasar aguas de las partes altas de la cordillera para irrigar la pampa de Siguas cuya producción debe ser dedicada a la agroexportación, así como dotar de agua a las empresas privadas eléctricas y a las empresas mineras que se ubican en suelo arequipeño. Este proyecto se entregará en concesión y se implementará bajo la modalidad Asociación publico Privada; y por tanto, recibirá recursos públicos. Más aún, buscará reorientar esta primera etapa en los marcos de la privatización.

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  2. indescente

    indescente Suspendido

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    ...................continua
    La segunda etapa, bajo esta nueva visión, y que constituye en sí lo que se denomina el Proyecto Majes Siguas II, acaba de recibir la buena pro en medio de un conflicto social que ha originado muertos y heridos de bala y comprende la represa de Angostura, el túnel Colca-Siguas (de 18 Km), la bocatoma Lluclla, el sistema de distribución y riego Pampas Siguas, y la línea de distribución eléctrica Callallic-Angostura.

    Pero además de cambiar de objetivos, uno de los problemas centrales de este megaproyecto se centra en que afectará la actividad pecuaria de Espinar, zona aledaña al proyecto, pero en la región Cusco, la misma que sólo tendría acceso a un 10% de las aguas del río Apurímac de implementarse el proyecto. Es que cuando de negocios se trata, poco importa el impacto que pueda ocasionarse en las comunidades de la zona.

    Algunas conclusiones
    La concentración de la tierra y la privatización del agua, pero sobre todo los megaproyectos que busca implantar el gobierno de Alan García, no sólo acentúan el desequilibrio físico-social que padece el país, sino que incrementa la fragilidad hídrica de la costa, sierra y de la amazonía peruana (grandes centrales hidroeléctricas debido al Acuerdo Energético con Brasil), lo que nos hace mucho más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Después de Bangladesh y Honduras, el Perú es el tercer país más vulnerable a estos impactos.

    Pero tan grave como eso es el hecho de que se está gestando en el Perú un nuevo ordenamiento territorial como fruto de una transformación de la tenencia de la tierra y la privatización del agua, donde los megaproyectos juegan un destacado rol.

    Carlos Bedoya y Víctor Torres