El juicio de Atahualpa

Publicado en 'Historia y Cultura Peruana' por fijomesuspenden, 4 Feb 2011.





  1. fijomesuspenden

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    Farsa contra el Inca


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    En honor a la verdad histórica y jurídica, el proceso que se le siguió a Atahuallpa (Cacha Pachacuti Inca Yupanqui) fue una farsa y no propiamente un juicio con las formalidades legales que el derecho castellano, de entonces, imponía. Hablamos de las leyes que debieron aplicarse o tenerse en cuenta en el proceso que se le siguió al Inca.


    DERECHO CASTELLANO
    En efecto, hablamos, en primer lugar, y en general, del rico bagaje jurídico que los visigodos –origen primigenio de los españoles– habían generado desde la adaptación del Derecho romano clásico en el derecho romano vulgar o bárbaro, como fue el caso de la “Lex romana wisigothorum”, creando, luego, un derecho propio o provincial, al decir del maestro de historia del Derecho Juan Vicente Ugarte del Pino (Lima, n. 1923).


    Asimismo, del “Fuero Juzgo”, producto del VIII Concilio de Toledo, en 654, que fue impuesto en Asturias después del triunfo de la batalla de Covadonga, por Pelayo, en 718. Corpus iuris que tomó el nombre de “Liber Judiciorum” y que vino a América con el Derecho castellano, aplicándose, en el Perú, hasta 1862, en plena época republicana.

    Así también, “Las Siete Partidas” o “Fuero de las leyes” que elaboró el rey Alfonso X, el Sabio, en su reinado de 1256 a 1265. Es oportuno señalar que con estas Partidas se impuso la unificación de los diversos regímenes legales de Castilla y se dio origen a la jurisprudencia española. Sin duda, fue el código mejor logrado y más admirado de la Edad Media, reconociendo que recibió fuerte influencia del Corpus Iuris Civile o derecho romano clásico o Justinianeo.

    Todo ello, en suma, ya recogía los principios del Derecho natural, desde su fundador, el filósofo griego postsocrático estoico Zenón de Citio, hasta el padre de la Iglesia, el sacerdote católico italiano santo Tomás de Aquino (La divinidad ha creado libre a todos los hombres).


    Finalmente, las “Ordenanzas de Montalvo”, vigentes en Castilla desde 1484, y la incipiente separación, en el siglo XVI, del Derecho Criminal o Penal del riquísimo Derecho civil, heredado del gran Derecho romano, tal como hemos visto.

    En segundo lugar, y en particular, de la legislación que comenzó a producirse desde el momento que los Reyes Católicos –Fernando II, de Aragón (1452-1516) e Isabel I, de Castilla (1451-1504)– aceptaron patrocinar la expedición del marino genovés Cristóbal Colón (1451-1506). Lo cual se concretó en la Capitulación de Santa Fe, suscrita por ambas partes el 17-04-1492, contrato que bien puede asemejarse a la sociedad encomandita, al decir del jurista e historiador del Derecho peruano Jorge Basadre Ayulo. Documento que a Colón le otorgó, con carácter de propiedad hereditaria, altos cargos y grandes honores: almirante, virrey y gobernador.

    Asimismo, el éxito de la aventura colombina (12-10-1492) despertó la ambición y pugnas entre los reinos de Portugal y de España. Empero, el papa Alejandro VI (Borgia), siendo de origen español,
    quiso favorecer a los monarcas Católicos, por lo que en 1493, sancionó cinco bulas (Bulas Alejandrinas) que, palabras más palabras menos, llevaron a su clímax a esta difícil situación, y ad portas de una guerra, ella fue evitada gracias al Tratado de Tordesillas (7-06-1494), mediante el
    cual la línea imaginaria de demarcación se corrió de 100 a 374 leguas al oeste de las islas Azores y Cabo Verde, con lo que los portugueses obtuvieron dominio sobre parte de territorio de tierra firme, corrigiéndose así las tres primera bulas. Es lo que hoy conocemos como Brasil. Empero, asimismo, dicho sea de paso, las mencionadas bulas justificaban la invasión de las nuevas tierras descubiertas y la conquista de sus pueblos para llevar a cabo una labor evangelizadora integral. Así también, la “Primera Ley de Indias”, de 20-06-1500, mediante la cual se concedió libertad a los indígenas o naturales, mal llamados indios. Dicho sea de paso, este equivocado nombre fue producto de la creencia de que Colón había llegada a India occidental, tal como lo
    había planeado en su viaje.


    Las “Leyes de Toro”, de 1502. Un conjunto de 83 leyes de derecho civil, procesal
    y penal, que fueron revisadas por el reconocido jurista miembro del Consejo
    Real de Castilla, Juan López de Palacios Rubio (1450-1524), autor del “requerimiento
    indiano” para asegurar cierta imparcialidad al tomar o subyugar a un príncipe indígena, asegurándole su derecho a la vida.

    Las “Leyes de Burgos”, 32 leyes promulgadas por el rey Fernando, el Católico, el 27-12-1512, que reivindicaron el Derecho natural para los indígenas de Indias Occidentales, promovidas por el gobernador de la isla La Española (hoy Haití), Nicolás de Ovando –acusador y adversario de Colón– y el cura dominico, fray Antonio de Montesinos, cuya frase: “Soy una voz que clama en medio del salvajismo”, le hizo inmortal.

    Finalmente, por un lado, el “Decreto del Consejo Real de Castilla”, de 20-05- 1520, que dispuso que los indios debían ser libres y tratárseles como tales, por
    todos los españoles de las islas y tierra firme. Y, de otro lado, en 1526, el emperador
    Carlos I de España y V de Alemania (1500-1558) dictó la “Provisión sobre descubrimientos” (17-11-1526), para regular las actividades de descubrimiento y conquista.

    CAPITULACIÓN DE TOLEDO


    En este marco jurídico se suscribió la Capitulación de Toledo, el 26-07-1529, entre
    la corona y la “Empresa del Levante”, nombre de la sociedad conformada entre
    Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, para el descubrimiento
    y conquista del “Imperio del Virú o Pirú”, gobernado por los “incas”.


    Mediante ella, Francisco Pizarro González (1478-1541) consiguió para él su
    nombramiento de gobernador y adelantado; para Almagro, el de alcalde de la Fortaleza de Tumbes, y para Luque, el obispado de Tumbes, además del cargo de “Protector de los Indios”.

    Dicho sea de paso, las nuevas capitulaciones distaban mucho de la otorgada a Colón (Santa Fe), con la cual los monarcas tuvieron muchos problemas para su real cumplimiento, dado el carácter de propiedad hereditaria. En tal virtud,
    dicho sea de paso, el hijo de Cristóbal, Diego Colón, reclamó por derecho propio
    suceder a su padre. Incoó su acción en 1508 y la primera sentencia a su favor
    data de 1511. Ante mayores exigencias, el juicio continuó hasta 1536, cuando el
    beneficiario fue el nieto: Luis Colón y sucesores. Por eso, las capitulaciones posteriores no tuvieron carácter hereditario en los derechos otorgados. Así, Pizarro, en su tercer viaje, llegó hasta las costas de este reino en 1532.Enterado de la situación, decidió ir en busca del inca Atahuallpa, que se encontraba en Caxamarca.