Ocurre que no se abre una ventana, no se arregla una vereda, ni se pone una torre de telefonía celular sin que el Estado central, regional o municipal lo apruebe. ¿Cómo curar esta obsesión?
A. Estableciendo por decreto, y de manera obligatoria, que el control del Estado sea aleatorio; es decir, que al igual que el semáforo de las aduanas del aeropuerto, el control se ejerza sobre un porcentaje de cada uno de los actos a vigilar, pero no sobre todos. Esto permite probabilísticamente una gran supervisión. Así también se reduce la ocasión de la coima y el riesgo del porcentaje no vigilado se compensa con la velocidad de los ciudadanos a los que no se retarda ni desanima. Ya la Ley 27444, del procedimiento administrativo, establece como principios la presunción de veracidad y el criterio del control posterior con los que se hace posible aplicar de inmediato el control aleatorio.
B. Fijando un plazo máximo para los estudios de la inversión. Calificar cada inversión pública por su rentabilidad y óptima calidad ha resultado un remedio peor que la enfermedad. Antes había inversiones malas, mediocres y buenas. Ahora, con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se busca la perfección, pero hay menos inversión y mayor demora, a pesar de los cambios reglamentarios, pues el problema central radica en el ser humano, que quiere afirmar su poder demorando el trámite. Una nueva ley debe establecer que el análisis de la inversión no supere el plazo máximo de tres meses. Así, el burócrata, si quiere controlar, tendrá que trabajar más y más rápido.
C. Tercerizando el control de la inversión. El SNIP deberá también hacerse a través de universidades o instituciones acreditadas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería o el Colegio de Economistas. Para ello proponemos la ley que delega a instituciones evaluadoras ajenas al Estado funciones en el SNIP y en otros asuntos, como la sanidad agropecuaria y el otorgamiento de los brevetes.
D. Finalmente, ya hemos avanzado en el silencio positivo administrativo que el Estado aplicará desde esta semana a más de 500 trámites. Es un paso esencial y permite que, si no se responde a tiempo al ciudadano, este está automáticamente autorizado para abrir su establecimiento o hacer su inversión.
[II] Estimular al empleado público que presta el mejor servicio
El 17 de noviembre del 2006 presentamos un proyecto de ley estableciendo el criterio del mérito y la evaluación para distinguir al trabajador que tiene rendimiento bueno o excelente de aquel que es deficiente. Pero ese proyecto, importantísimo para reformar al Estado, tiene doce meses en el Congreso, sin aprobación. Ahora presentaremos un proyecto complementario que establece el bono o aumento por productividad.
El comunismo soviético se derrumbó porque donde todos son propietarios y ganan lo mismo nadie se esfuerza ni destaca. Un Estado que paga por igual al buen trabajador y al empleado ineficiente, no ofrece ningún estímulo, como sí lo brinda la actividad privada. Sin esta modificación, el Estado seguirá siendo una carga sobre el país y no una institución a su servicio.
Continua...







